El tema de Lago Escondido es un fantasma que suele desaparecer de los medios de información pero, cada tanto la realidad lo visibiliza para que no olvidemos el nombre de Joe Lewis. Antecedentes que dan cuenta de beneficios inmobiliarios territoriales estratégicos en la Patagonia de unas 12.000 hectáreas, sumando prohibiciones de tránsito y acceso cual zona excluida de las leyes nacionales.
A esto se suma la decisión del presidente Milei, de otorgar (mediante cesión de propiedad) el uso y explotación de una represa hidroeléctrica a la firma Hidden Lake, de la que refieren que es propiedad del mencionado multimillonario inglés. El que fuera “condenado por los tribunales de Manhattan a tres años de prisión en suspenso por el uso de información privilegiada”.
El tema, abordado por el medio digital “lapoliticaonline” recordando que la Inspección General de Justicia ha denunciado a la empresa Hidden Lake, por considerarla una figura falsa con el fin de encubrir a Lewis. A pesar del pedido de intervención judicial el tema no avanzó demostrando una protección especial.
Empresa ésta declarada como productora agropecuaria de la que no se ha comprobado actividad alguna sobre el rubro. El acuerdo para la cesión de la generadora de hidroelectricidad de parte del gobierno nacional, indica que a pesar del cuestionamiento existente, Hidden Lake será la operadora que es la herramienta para haber violado la ley 15.385 de Seguridad de Fronteras, la prohibición de adquirir por parte de extranjeros tierras con “una franja de 150 kilómetros en la frontera terrestre”. Incluso los eventuales adquirentes de este tipo de territorios deberían ser autorizados por una comisión constituida a ese sólo efecto.
Para eludir la prohibición se registró la empresa HR Properties Buenos Aires SA que integraran accionistas argentinos. Posteriormente “HR” pasaba a ser la mencionada “Hidden Lake SA”, que a su vez pasó más tarde ser parte de Tavistock Group, que según la información pertenece a Lewis.
La energía generada se traspasa al tendido del sistema nacional, en el marco del Programa Renovar (gestión Macri) impulsado por el otrora ministro de Energía, Juan José Aranguren, generando una facturación basada en precios de venta de energía, “diez veces mas de lo que se le paga a la hidroeléctrica de Salto Grande”.
