Tras la aplicación de otro decreto presidencial, en este caso el N°341, imponiendo la exclusión del Estado Nacional en la negociación salarial con los docentes, presentaron la solicitud de una medida cautelar en contrario.
Así lo hicieron las autoridades de la CTERA obteniendo de parte de la Sala IVa de la Cámara de Apelaciones del Trabajo la respuesta favorable suspendiendo dicha aplicación y por ende, recuperando la vigencia de la mesa Paritaria Nacional Docente en el ámbito estatal.
En el período impuesto la cuestión salarial se definía a través del Consejo Federal de Educación que integran las provincias y de los gremios, pero con ausencia del Estado Nacional. Para ello modificaron el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, anteponiendo a la Secretaría de Educación la autoridad para requerir propuestas, pero siempre sujetas a las limitaciones presupuestarias que establezca el Poder Ejecutivo.
De hecho desde el Ministerio de Capital Humano, alegaron “la falta de agotamiento de la vía administrativa, ausencia de perjuicio irreparable y falta de contracautela”. Clara definición ajena a la realidad económica devenida de salarios deprimidos por el criterio de ajuste extremo existente.
Asimismo en el gobierno de Milei consideran que la medida cautelar adolece de “la verosimilitud del derecho ni la ilegitimidad del acto impugnado, y que tampoco se demostró la existencia de peligro en la demora ni de un daño irreparable”
A esto desde la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideraron que el argumento en rechazo a la cautelar, “no resulta clara ni suficiente, y que la reforma podría vulnerar principios constitucionales sobre la división de poderes y la negociación colectiva”.
