-Periodismo de Opinión-

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Neuquén  -
Patagonia - República Argentina -
Fecha de inicio 28 de abril de 2.006



¿Acción directa o Constitución?
Un método que no siempre cumple con la legalidad o respeta el Derecho de la otra parte. A esta interpretación se sumaron las justificaciones con que se interpreta la validez de la aplicación de un Decreto de Necesidad y urgencia. Norma emitida por el Poder Ejecutivo ante situaciones acordes a su nombre, que reviste fuerza de Ley. No obstante, una vez emitido dicho “decreto”, promulgado y publicado en el Boletín Oficial, entrará en vigencia, sin perjuicio de que el Poder Legislativo, deba analizar su alcance y razones de la emisión, determinando su continuidad o su rechazo y anulación. 
El método que usa en casos de extremas necesidades el Poder Ejecutivo de un gobierno nacional, fue incluido intencionalmente en la reforma constitucional del año 1994, tiene límites de aplicación. Por ello también se estableció la excepción de su validez en casos relativos a la “legislación tributaria, penal, electoral y de partidos políticos”. Consecuentemente, si tomamos en cuenta la expresión del presidente Macri al expresar que la finalidad era la de superar los tiempos del proceso legal, que corresponde además al Poder Judicial, en casos de ejecución de bienes inmuebles, muebles y otras riquezas en casos de delitos económicos; está claro que ha habido una intromisión con posible abuso de poder. Asimismo el presidente destacó que la extinción de dominio está esperando el tratamiento del proyecto en el Congreso Nacional, destinado al recupero bienes obtenidos ilegalmente, aclarando que "Las mafias de las redes de narcotráfico, del crimen organizado y la corrupción se llevaron plata de los argentinos. La necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para construir escuelas, jardines, obras y rutas más seguras. Tenemos que terminar con esto. Hoy voy a firmar un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con la extinción de dominio, para que la Justicia pueda recuperar más rápido y de forma transparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron". 
La primera duda recuerda que para estas decisiones está el procedimiento legal y por ende, surge la duda de si no se está atropellando la independencia de los Poderes del Estado. "Hoy la justicia penal tiene elementos para recuperar estos bienes, pero son muy lentos. "Hoy la justicia penal tiene elementos para recuperar estos bienes, pero son muy lentos” dijo Macri, para justificar su impaciencia y fines para reunir riqueza con procedimientos de hecho, vulnerando la institucionalidad de un Estado, ya no sólo es soslayado en sus derechos de rectoría, obligaciones sociales y de seguridad sanitaria o previsional por ejemplo, sino que se agregan estas determinaciones que a priori, vulneran la autoridad legislativa y judicial de la Nación. 
No se trata de no recuperar los bienes mal habidos, sino de respetar los procedimientos que establece la misma Constitución Nacional que se cita, en el artículo N° 99 que reza lo siguiente: 
Artículo 99.
El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 
1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país.
2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.
4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.
Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.
Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.
5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.
6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación.
7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución.
8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.
10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales.
11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules.
12. Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación.
13. Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas; y por sí solo en el campo de batalla.
14. Dispone de las fuerzas armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.
15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso.
16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23.
17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos están obligados a darlos.
18. Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso. En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público.
19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.
20. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento.