Al menos es lo que surge de la resolución ministerial que refiere la aplicación de "modalidades de intervención física y digital", por las que para atemperar el impacto por el significado político e institucional, aclaran que "no implica erogación presupuestaria alguna al Estado nacional". Como si esa aclaración liberaría al común denominador de sentirse perseguido, investigado u observado en sus actividades cotidianas no ilícitas. 

¿El espionaje interno es ilegal o no? La versión o informe difundido establece que la selección de los agentes se haría entre el personal de fuerzas de seguridad y armadas (policías y soldados) que dependería de la “Unidad de Agentes Encubiertos”. La que estaría bajo la conducción de Graciela Valeria Kowalewsky, que actualmente forma parte de la planta del Ministerio de Seguridad. 

Asimismo se informó que la resolución referida destaca lo siguiente: 
- “Identificar la cantidad de agentes con alta calificación existentes en las fuerzas policiales y de seguridad federales, así como sus perfiles, aptitudes, especialidades y destinos actuales. - Reunir y organizar toda la información de cada uno de los agentes en un legajo único y confidencial, para una mejor disposición y operatividad en las investigaciones en que sean requeridos. 
- Desarrollar y supervisar el curso de agente encubierto. A tal efecto, podrá solicitar la colaboración de instructores de las fuerzas policiales y de seguridad federales. 
- Impulsar la figura de Agente Encubierto en todas las jurisdicciones del país, en las modalidades de intervención física y digital, por medio de actividades de difusión e intercambio.
- Asistencia Profesional: deberá arbitrar los mecanismos a los efectos de respaldar en la faz operativa al agente designado, asistiéndolo con las herramientas necesarias para su actividad, teniendo en cuenta la investigación en particular.
Del texto precedente no surge relación alguna con los gobiernos provinciales por lo cual, no se descartaría que la tarea investigativa indicada, los incluya como otro fin de observación y seguimiento, con alcance  a las autoridades soberanas y de hecho a la sociedad gobernada. La novedad implica que de inmediato las autoridades competentes del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, intervengan y establezcan o ratifiquen las garantías que ofrece el Estado de Derecho. 241124

Periodismo de Opinión

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Neuquén  - 
Patagonia - República Argentina - Fecha de inicio 28 de abril de 2.006