Periodismo de Opinión
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Otro acto de atropello de parte de Milei y el grupo de liquidadores que lo asiste, en una nueva versión de los ’90 para enajenar también el patrimonio adquirido por el Estado neuquino. Con la herramienta preferida, el decreto de imposición, el presidente impulsa la liquidación de propiedades del Estado Nacional para recaudar capital que cómo en tiempos de Menem, no se supo de su destino real. Así procede este modelo neo liberal agravado con el criterio anárquico auto definido; tomando deudas y luego, vender propiedades estatales para sanear las cuentas cuyo efectivo, desapareció con fines desconocidos. Así están liquidando bienes entre los cuales están las propiedades que incluyen la ex U9 y el Parque Jaime de Nevares. Ambas pasaron al patrimonio de la provincia y su capital, aunque con trámite pendiente de escrituración. Hay convenios y otras pruebas que al parecer el gobierno nacional intenta desconocer para venderlos cual chatarra. Estas tierras no son ociosas ni le significan gastos a la Nación ya que el gobierno del Neuquén incluso tras las modificaciones y obras de mantenimiento en casos, ha invertido un importante capital, sin olvidar la situación de la cárcel en Senillosa a cambio de dichas propiedades. Otro claro atropello de un gobierno nacional que so pretexto de cambios abusa del poder y procede según sus intereses sin respetar pactos, convenios y autoridad provincial. En este sentido la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, hizo saber a la prensa queen esos espacio “No se va a poner un solo ladrillo, hay una decisión absolutamente tomada desde la Municipalidad de Neuquén, por supuesto de manera conjunta con la provincia. Recordemos que ese predio fue un intercambio por la cárcel de Senillosa”. Asimismo recordó que “En el 2019 también hubo un intento de venta que no se llevó adelante. Es una falta de respeto, es una decisión tomada desde un escritorio, sin ver realmente lo que sucede, sin tener en cuenta los gobiernos locales, provinciales". Además la funcionaria confirmó que ya iniciaron “Los reclamos legales correspondientes, pero por el otro lado la Municipalidad ya es dueña de ese espacio porque el gobierno nacional le debe alrededor de $30.000 millones de lo que tiene que ver en convenios de obras que no se cumplieron". 311024 |
